La obligación de ser veraces
Para que no se me tache de descortés, y con razón, deseo hoy, antes de entrar en materia, saludar y expresar mi agradecimiento al equipo de Cope Campo de Gibraltar por darme voz en este espacio radiofónico, y muy particularmente a Rubén García y Antonio Mateo, directores y presentadores de este programa. Saludo y agradecimiento que hago extensivos también, cómo no, a los estimados oyentes de esta emisora comarcal. Lo debería haber hecho el pasado 12 de mayo día en que me estrené como colaborador, pero no lo hice, y de ahí que lo haga ahora
Una vez dicho esto, quiero dedicar el tiempo que me queda y las palabras que siguen a efectuar una muy breve consideración sobre la responsabilidad ética y social de los medios de comunicación y los periodistas, aprovechando que precisamente este mes se ha conmemorado un año más el Día Internacional de la Libertad de Prensa y que esta es una cuestión que siempre está en candelero.
Yo soy de los que creen que en el ámbito del periodismo las falsedades difundidas a sabiendas deberían ser perseguidas, sancionadas e incluso penadas con más celo. Del mismo modo que deberían serlo, por cierto, con igual o mayor celo aún en el de la política.
No se me escapa que llevar a la práctica esta idea –admito que controvertida– resulta harto difícil, por no decir imposible. Entre otras cosas, porque hay infinidad de casos en los que establecer la diferencia entre lo que es una mentira, una media verdad o un error de interpretación de la realidad se hace bastante complicado. Pero se debería llevar a cabo un esfuerzo por parte de toda la sociedad y los poderes públicos en tal sentido, sin poner en riesgo –¡solo faltaría!– el derecho de las personas físicas y jurídicas a expresarse como les convenga dentro del marco de la ley.
Al menos para lo que son a todas luces trolas palmarias y flagrantes no debería haber problema en cuanto a disponer de alguna forma de reprobación legal de oficio, y que dicha reprobación legal tenga consecuencias prácticas y tangibles, si causan grave perjuicio a instituciones del estado o al interés general y encima están difundidas con dolo, o con premeditación y alevosía.
Está claro que nuestro actual ordenamiento y nuestro código penal contemplan figuras delictivas tales como los atentados contra el honor o la intimidad, la calumnia, la difamación, etcétera. Aunque me temo que en estos tiempos que corren hay muchos supuestos para los que dichas figuras no bastan… Y no se puede o no se debería permitir que medios de comunicación serios, o que presumen de serlo, contribuyan a la propagación de engaños y bulos y, además, lo hagan adrede.
Por razones deontológicas que constituyen la propia esencia de esta profesión, los periodistas tenemos la obligación de ser veraces en la medida de lo posible, a pesar de que la verdad presenta a veces mil y una caras, o precisamente por esto mismo. Y para ser veraces es necesario actuar con objetividad e imparcialidad, aunque cada cual sea hijo de su padre y de su madre, pero, sobre todo, lo más importante es actuar con honradez y honestidad.
Punto y seguido.
Martes, 26 de mayo de 2020
