No son lo mismo

Dibujo del Congreso de los Diputados

En el debate político nacional se recurre a equiparar la extrema izquierda con la extrema derecha por aquello de que los extremos se tocan. Y con razón, sin duda, al menos en parte. Pero esa identificación entre la supuesta izquierda radical y la catalogada como derecha radical, aplicada en el terreno de lo teórico y de lo práctico al caso concreto y actual de España y de Europa, no se ajusta a la realidad.

Comparar a Vox con Podemos, Bildu y ERC es una excusa de la derecha que se autocalifica como moderada para justificar sus escarceos amorosos con los de Abascal y compañía, pero significa hacer trampas. Porque cuando se lleva a cabo dicha comparación lo que se debe confrontar de unos y de otros no es su ascendencia histórica ni la procedencia de su legado, sino el discurso que a día de hoy plantean.  Esto es, si su ideología cumple con los estándares europeos en cuanto a lo que ha de ser una democracia del siglo XXI o no.

Juzgar a Podemos utilizando la cantinela de Venezuela, o a Bildu como si fuera un grupo armado que se vale de la violencia, y colgar a Vox el sambenito de partido fascista es parte de la guerra dialéctica en la arena política, pero son afirmaciones de trazo grueso que, en aras de la verdad, han de analizarse con un mínimo de rigor intelectual.

Lo que cuenta, insisto, es si lo que cada una de estas formaciones defiende y propone en sus programas choca o no con los valores, derechos y libertades que la UE ampara. Y en lo que respecta a esto parece bastante evidente que quien no pasa la prueba del algodón es el partido –escindido del PP– que en el espectro ideológico se sitúa a la derecha de la derecha y cuya estética y puesta en escena –por si sus mensajes no bastaran– le delatan. El antifeminismo, el racismo, la homofobia o el antieuropeísmo son algunas de sus credenciales –aunque lo nieguen exhibiendo la mayor de las hipocresías– y eso es lo que ha de tenerse en cuenta a la hora de decidir si puede ser beneficiosa, o no, su aportación al bien común y el interés general de esta sociedad en la que vivimos. No es igual abogar por el derecho pacífico a la autodeterminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social o el respecto a los derechos del colectivo LGTBI, que negar la violencia de género o criminalizar a los inmigrantes, por ejemplo.

Algunos de entre los populares que no le hacen ascos a tender la mano a Vox reprochan al PSOE que llegue a acuerdos con los abertzales o con los independentistas catalanes, obviando que el PP en más de una ocasión también lo hizo e incluso aceptó sus votos –la última, sin ir más lejos, para intentar cargarse la reforma laboral hace escasos días, aunque sin éxito–, pero lo cierto es que el hecho de que el Ejecutivo central pacte con Bildu y con ERC no es en sí mismo malo, tal vez, todo lo contrario. Que los partidarios de la secesión de Cataluña y los herederos de aquella banda terrorista –que Aznar no tuvo reparos en llamar Movimiento de Liberación Nacional Vasco– se impliquen en la gobernabilidad del país puede ser, aunque resulte paradójico, de gran utilidad para el proyecto de España y, por tanto, dicha implicación incluso debería ser considerada cuestión de estado. Claro que para que esto fuera así sería preciso una altura de miras que, lamentablemente, no todos nuestros representantes políticos demuestran.

Creo que todos los demócratas deberían alegrarse muy especialmente por la participación de Bildu en las instituciones, aunque no comulguen con su ideario ni con sus objetivos y aunque les repugne, como le repugna a un servidor, el pasado de algunos de sus dirigentes, que ya pagaron sus culpas ante los tribunales. Mucho me temo, sin embargo, que esto no sea posible teniendo en cuenta que todavía hay en el sector de la derecha gente que se sentiría más cómoda si ETA existiera y continuara en activo.

Hora Sur, 23 de febrero de 2022

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