El interés general es lo que importa

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A ver, coloquemos los puntos sobre las íes. Que la banca y las grandes empresas energéticas protesten ante el proyecto del Gobierno de establecer un nuevo gravamen que les afecta se puede entender. Como es también entendible que se le pongan peros a la iniciativa desde la derecha neoliberal y desde la derecha ultraconservadora. Ahora bien, lo que no se puede admitir, o no se debería admitir, es que se tergiverse la realidad y se mienta impunemente para manipular a la opinión pública.

La mayoría de quienes se oponen a la medida argumentan, entre otras muchas cosas, que los bancos y las empresas suministradoras de energía repercutirán dicho impuesto en el precio final de los productos que comercializan y los paganinis seremos todos los consumidores y clientes. Aunque la verdad es que dicha explicación es harto baladí. Si tal fuera la justificación de su tesitura, en lugar de estar en contra de su implementación lo que deberían es exigir al Ejecutivo que al mismo tiempo que legisla sobre el nuevo gravamen establezca los mecanismos legales necesarios para que esto no ocurra y santas pascuas.

Pero no, no nos llevemos a engaño, no se oponen por eso. Tampoco porque sigan a pie juntillas lo que dicta la doctrina del neoliberalismo puro y duro, en la que creen, como creen en Dios, solo cuando les conviene. Se oponen para apretar contra las cuerdas a Sánchez y compañía, porque hay que cargárselos, y hay que hacerlo sea como sea, aunque se fastidie con ello España y los españoles. Lo que pase con el país es lo de menos.

Impuestos similares al sector financiero y al sector de las energías existen en otros reinos y repúblicas de nuestro entorno más cercano, nada sospechosos de codearse con el comunismo bolivariano, y aquí, por mucho menos que eso, ya se acusa a nuestro consejo de ministros de marxistas revolucionarios. ¡Increíble!

Lo acusan, sí, esos mismos que no ignoran que en España no es posible implantar un régimen basado en el marxismo, aunque PSOE y Unidas Podemos lo pretendieran, si no es dando un golpe de estado, porque ni nuestra Constitución, ni nuestro ordenamiento jurídico, ni la normativa comunitaria de la UE a la que pertenecemos lo permiten.

Están emperrados no solo en que no se suba, sino en que se baje la presión fiscal. Continúan con esa cantinela erre que erre. Lo que nunca cuentan, por supuesto, es que esa bajada beneficia a los que más tienen y perjudica, sobre todo, a los curritos. Pero, a la vez, quieren que se ayude a los transportistas, a las empresas, a los trabajadores, a todo quisqui, en general, etcétera, etcétera, o eso dicen, y está claro que sin ingresos las administraciones no pueden atender ninguno de tales frentes. Lo de la inflación disparada les ha venido de perlas para no cesar de dar la tabarra con este tema. El exceso de recaudación que esta situación ha provocado en Hacienda debería transferirse a la ciudadanía, proclaman. ¡Claro! Mas no por la vía en la que se empeñan. ¡Qué listos! ¡No te jode!

Con los impuestos se construyen carreteras, escuelas, hospitales y se financian servicios como la educación, la sanidad, la atención a las personas dependientes y un sinfín de programas y planes que mejoran la vida y las oportunidades de la gente. En Alemania, por ejemplo, el acceso a las universidades es completamente gratuito y la economía alemana no es de corte soviético, que yo sepa.

¿Que se malgasta mucho de lo recaudado? Es cierto en muchos casos, aunque, precisamente, algunos líderes de la derecha que están todo el día con ese discurso en la boca y sus voceros mediáticos no son los más indicados para dar lecciones. Abascal, el de Vox, se tiró una buena pila de años viviendo del cuento, al amparo de Esperanza Aguirre, gracias a una de sus mamandurrias; Cantó, Toni, el exactor de Ciudadanos, que cuando a este partido le vinieron mal dadas se pasó al PP, lleva unos cuantos meses cobrando por su sinecura en la recién inventada oficina del español de la Comunidad de Madrid, merced a un favorcito de la señorita Díaz Ayuso, y el gobierno autonómico andaluz de Juanma Moreno le agenció algo más de trescientos quilitos no hace mucho a una conocida cadena de emisoras de radio. Obviamente, lo que quiero afirmar con esto es que el derroche, el despilfarro o la mala gestión no tienen ideología.

En 2002 los bancos y cajas trincaron unos cuantos miles de millones con la transición de la peseta al euro y la excusa del redondeo. Hasta 2008 se atiborraron con el negocio del ladrillo y la avaricia les rompió el saco. En 2012 se les rescató para que no se hundieran, con más de sesenta mil millones, y desde entonces no han hecho más que incrementar comisiones, multiplicar la pasta que ganan y despedir a trabajadores con el pretexto de la reestructuración.

Por su parte, y dicho sea hablando grosso modo, las eléctricas y las petroleras tampoco han parado de llenarse los bolsillos durante la última década, todo lo contrario, y ahora con la crisis provocada por la guerra de Ucrania y los efectos de esta en los mercados se están poniendo las botas.

Así que una pequeña contribución para el erario público y el bienestar de la ciudadanía no tiene por qué suponer –digo yo– una gran hecatombe –ni siquiera un estropicio– en sus balances.

Sí, es entendible, como sostenía al principio, que los banqueros y los de las eléctricas y las petroleras no vean con buenos ojos un gravamen que reducirá lo que se llevan a la saca año tras año. Lo que no es entendible es que se alineen con estos quienes están obligados a defender el interés general.

Hora Sur, 1 de agosto de 2022

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