El Ayuntamiento continúa sin cumplir el mandato judicial que ordena la readmisión de Ortega

Tres meses han transcurrido ya desde que el Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras dictara un nuevo y último auto en el que se daba un plazo improrrogable de cinco días a la institución municipal para proceder a reponer en su puesto al exjefe de prensa, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia de despido nulo de fecha 11 de junio de 2018, sin que hasta el momento tal requerimiento haya sido acatado.

“Es verdad que frente al auto del pasado 29 de abril el Ayuntamiento ha presentado un recurso de reposición, aun careciendo de razones objetivas y fundamentación jurídica para hacerlo, con el único propósito de dilatar todo lo posible el procedimiento, pero no es menos verdad igualmente que la presentación de dicho recurso no suspende los efectos de la resolución recurrida, tal y como establece el artículo 186.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, de manera que a día de hoy la readmisión ya debía de haberse producido y, sin embargo, no es así”, explica el trabajador.

“No es de recibo que se recurra una y otra vez ante un mismo tribunal y con los mismos argumentos que ya han sido anteriormente rechazados, y con rotundidad, por dicho tribunal. Supone no solo abusar, sino burlarse de nuestro sistema de justicia. Ni es aceptable tampoco que, a sabiendas, se trate de hacer prevalecer un error material en el pie de una sentencia por encima de lo que establece la ley, cuando dicho pie ni siquiera tiene carácter resolutorio, sino que se incluye en la misma con un fin meramente informativo. Tal modo de actuar es indignante y constituye todo un insulto a la inteligencia. No todo puede valer en el ejercicio del derecho a una legítima defensa”, reflexiona Ortega.

“Resulta lamentable que los actuales responsables municipales sigan anteponiendo los caprichos y la sed de venganza de su exjefe de filas, el anterior alcalde, Jorge Romero, al interés general”, señala también el periodista, para quien “lo triste y penoso de todo este asunto, aparte del daño personal y familiar que causa, es que el elevado coste que va a tener para las arcas públicas lo pagarán de su bolsillo los ciudadanos”.

El incumplimiento en el que está incurriendo el Ayuntamiento ya fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial por la representación legal de José Antonio Ortega, que solicitó, además, la imposición de sanciones pecuniarias, a fin de que la mencionada sentencia se ejecute en sus propios términos, tal y como establece el artículo 113 de la mencionada ley.

Asimismo, la representación legal de Ortega ante los tribunales también anunció la futura presentación de una demanda para que el trabajador sea indemnizado por los perjuicios que le han sido ocasionados, al amparo de lo previsto en el artículo 75.3 de la LRJS.

El exjefe de prensa fue despedido en febrero de 2012 junto a otros 114 empleados municipales cuyas plazas fueron amortizadas. Posteriormente, en septiembre de 2013, por orden del juzgado, fue readmitido en su puesto de trabajo, durante la ejecución provisional de la sentencia que declaró ese primer despido como nulo, pero fue despedido nuevamente justo al día siguiente de su readmisión.

La referida sentencia de 11 de junio de 2018 también estimó como nulo el segundo despido de Ortega, “por persecución política y vulneración de derechos fundamentales”.

El exjefe de prensa del Ayuntamiento de Los Barrios, militante activo y conocido del PSOE local, fue apartado ilegalmente de sus funciones dos días después de que Jorge Romero tomara posesión como alcalde, en junio de 2011, y no fue recolocado en su puesto, a pesar de haber un mandato judicial firme que obligaba a ello y que fue desobedecido en su día por Romero. Además, se da la circunstancia de que Ortega es el único trabajador, de los 115 cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012, al que se le despide por segunda vez nada más ser readmitido.