A la chita callando

Dibujo del Congreso de los Diputados

Lo de colar a hurtadillas y como el que no quiere la cosa una reforma legal para asegurar el futuro de la actual fiscal general del Estado es una metedura de pata del Gobierno, o de una parte de este, la que representa al PSOE. Otra más, por cierto, y me temo que no la última. Pero lo peor del asunto es que son de esa clase de meteduras de pata que más daño causan a la imagen del Ejecutivo de coalición y, en particular, a su presidente, aunque su repercusión sea, en realidad, de muy corto alcance.

Por muy justificada que esté dicha reforma y por muy de acuerdo con la ley que se haya procedido –¡solo faltaría que así no fuera!–, en lo que a estética se refiere deja mucho que desear. Si el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia del primer gobierno de Sánchez, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, ya fue, y con razón, bastante polémico, este intento de modificar casi a la chita callando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no le va a la zaga.

Puede que la medida no esté propuesta ad hoc para beneficiar a la actual fiscal general, pero, desde luego, es eso lo que parece. Se argumenta que tiene como objeto proteger la independencia, la libertad y la dignidad de la persona saliente que haya ocupado este cargo, por las responsabilidades, implicaciones y repercusiones que su desempeño entraña, y que se implementa en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, pero, por más explicaciones que se ofrezcan al respecto, la imagen que se ha dado es la que es y no deja en buen lugar a los promotores de la medida.

Los miembros del Gobierno deberían ser mucho más cuidadosos con este tipo de detalles que mancha su más que aceptable hoja de servicios en la lucha contra la pandemia desde 2020 a 2022 y contra las consecuencias del conflicto bélico de Ucrania en el tiempo presente, en un contexto histórico muy complicado y sin la ayuda del principal partido de la oposición y sus afines.

Lo que no entiendo es como el reglamento del Congreso permite este tipo de triquiñuelas. Estas pillerías por parte de nuestros representantes públicos no deberían estar amparadas legalmente y no debería haber resquicio alguno de carácter normativo que las facilitara. No es de recibo que en la tramitación de un texto como el de la Ley Concursal se aproveche para sacar adelante una cuestión que nada tiene que ver con dicho procedimiento legislativo y que ni siquiera viene al caso, mezclando churras con merinas.

Precisamente, si tan necesaria y urgente considera el Ejecutivo que es esta reforma –apreciación como mínimo discutible–, razón de más para que se la trate con la importancia que se merece y no de forma diríase que furtiva rayando en la clandestinidad.

Lamentablemente, no es la primera vez que una jugarreta como esta se produce en la actividad parlamentaria de nuestra Cámara Baja. Ha ocurrido también en otras legislaturas. Así que ya va siendo hora de que, al menos en esto, todos los grupos políticos se pongan de acuerdo para tomar una decisión inteligente que lo impida y evite que en el futuro los gobernantes de turno puedan sucumbir a la tentación.

Hora Sur, 3 de abril de 2022

Escriba una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: